¿Peligra la ejecución de la obra pública en España? Dicho así puede parecer exagerado, pero lo cierto es que algunos indicadores muestran que, como mínimo, trabajar con las administraciones públicas está perdiendo atractivo para muchas empresas. Y lo hace, además, de forma acelerada. ¿Qué está pasando y cómo afecta a las empresas del sector de la construcción, pero también a las de suministros y servicios?
Una cosa es el retraso en la licitación de las obras públicas -las ya presupuestadas, se entiende-, que no es algo nuevo en España. Obras que se anuncian, pero que no ven su primera piedra hasta años o décadas después. El ejemplo más extremo es el de la depuración de aguas residuales que ha derivado en sanciones millonarias de la Unión Europea.
Detrás de este tipo de demoras puede estar tanto la entidad contratante que primero debe aprobar los mecanismos para hacer posible las inversiones y después completar el proceso que conduce a la adjudicación del contrato público, como el contratista si incumple los plazos. Como ejemplo de lo primero, hace solo unos días la Junta de Extremadura anunció que reducía a la mitad (530 millones de euros) sus previsiones de licitación para 2022 porque el programa operativo Feder del nuevo periodo 2021-2027 ha visto la luz más tarde de lo previsto. El desistimiento y la renuncia de la propia administración o las empresas a formalizar el contrato son otras de las situaciones que pueden generar retrasos en la ejecución de obra pública.
Obras públicas que nadie quiere construir
Junto a este hay otro fenómeno en alza que puede desembocar igualmente en infraestructuras no construidas o renovadas a tiempo: el de los concursos de obra pública desiertos, es decir, aquellos a los que no se presenta ninguna empresa; han pasado del 3,2% a superar el 10% en un año, lo que supone duplicar el récord anterior (5%), registrado en el tercer trimestre de 2019. La tendencia al alza ha sido la tónica en los últimos cinco trimestres: desde 3,2% del primer trimestre de 2021 al 6,6% en el tercer trimestre de 2021, el 7% en el cuarto y el 10,2% en los tres primeros meses de 2022, según la estadística elaborada por ‘Gobierto’ a partir de información oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp).
Pero, ¿por qué cada vez más empresas no se arriesgan a firmar un contrato con las administraciones públicas? “El actual ciclo inflacionista de la energía y las materias primas tiene gran parte de culpa, pero también la dificultad de orquestar medidas eficaces generalizadas por parte de la administración que permitan compensar las actuales desviaciones de precios”, argumentan desde Gobierto.
Respecto a la primera causa, Sergio Jiménez, responsable de producto en Gobierto Contratación, aclara que los contratos públicos “obedecen a un presupuesto realizado durante el ejercicio económico anterior”; a esto se une que “una vez que un presupuesto público está cerrado, el margen de maniobra es muy pequeño, así que lo más que se puede hacer es sacar menos contratos para aumentar presupuesto en otros, pero es una decisión compleja”. De hecho, esto podría generar nuevos retrasos, pero al menos sería más viable para el sector privado.
La otra razón que explica por qué cada vez más empresas dan la espalda al actual modelo de contratación pública es que “hay incertidumbre entre los operadores económicos -continua Jiménez-. Aunque una licitación tenga contemplada la inflación del día que se licita, no tiene una previsión fácil de la inflación que vendrá los próximos meses o años (muchas obras duran dos o tres años y soportarían esa inflación). En caso de duda, y más con un mercado relativamente expansivo más flexible (hay más gente haciendo obras en sistemas más flexibles como el sector privado), se opta por el camino más seguro”.
¿Cuántas obras quedan desiertas?
Solo desde el pasado mes de julio y hasta marzo, más de 1.100 obras habían quedado desiertas, aunque en este cómputo no están las licitaciones de comunidades autónomas como Catalunya, Euskadi o la Comunidad de Madrid que no utilizan la Placsp para publicitar sus contratos. La tendencia se acelera sobre todo a partir del tercer y cuarto trimestre del año pasado con 367 y 414 concursos desiertos, respectivamente; en el primer trimestre de 2022 la cifra se redujo un poco, hasta los 330.
Con todo, desde Gobierto puntualizan que los tres primeros meses del año suelen ser los menos activos en cuanto a la compra pública “tanto en licitaciones publicadas como en adjudicaciones cerradas, ya que es el momento en el que los órganos de contratación planifican sus presupuestos anuales y preparan sus contratos que, en el caso de los de obras, precisan de más tiempo tanto para su preparación como para su licitación”. En todo caso, la cifra supone más de un 50% respecto al mismo trimestre del año pasado.
Asfixiados por el coste de las materias primas
“La postura del ministerio es: primero haga usted la obra, después reclame y luego ya veremos…”. Así resume el responsable de una empresa del sector de la carretera, gran consumidora de acero y aluminio, “el dilema” al que se enfrentan en estos momentos muchas más a la hora de trabajar con las administraciones públicas. La combinación entre el alza de las materias primas de los dos últimos años y la falta de un mecanismo que permita compensarla de forma sencilla y ajustada a la realidad parece insostenible. “En 2021 pagaba la tonelada de acero a 650 euros y en mayo de este año ya cotizaba a 1.290. Trabajamos con tres o cuatro meses de anticipación y el último precio que me han dado es de 1.210 euros la tonelada, una leve reducción; de momento no parece que estos precios vayan a bajar”, se lamenta.
Los reales decretos aprobados por el Gobierno en marzo para tratar de atajar este problema sobre el que también ha alertado la patronal de las grandes constructoras, Seopan, han permitido que los contratos se puedan revisar automáticamente por el aumento excepcional de los costes -tras restituir una cláusula que había existido históricamente y que fue eliminada durante la crisis financiera de 2008-, “pero solo hasta un 20%”, matiza el empresario que aporta otra cifra sobre los desfases entre previsiones y costes reales a los que se enfrenta la industria: “El precio del gas nos ha subido más de un 600%. En diciembre pagamos 6.500 euros y en enero, ya con el nuevo contrato, pasamos a 28.000”.
Las medidas aplicadas tampoco han resuelto otro problema común en sectores como este: “El escenario temporal de ejecución de los contratos puede ser largo. Teníamos obras firmadas en 2019 y 2020 que se han quedado fuera del Real Decreto”. Por su parte, Jiménez recuerda que además “no cubre todas las obras, sino determinados supuestos y materiales a partir de ciertos márgenes. Por otro lado, aspectos relacionados con contratos mixtos que incluyen, por ejemplo, obra y suministro u obra y servicio (por ejemplo, la obra y el mantenimiento), no tienen cubiertos estos elementos adicionales”.
Cuando una empresa actúa como subcontrata de otra que es la adjudicataria del contrato público “conseguimos arañar ciertas mejoras, pero ni de lejos cubren los incrementos actuales, es ir a menos o incluso a pérdidas”, sigue denunciando el empresario del sector de la carretera. De ahí el dilema que plantea a muchas empresas seguir presentándose a estas licitaciones “porque si lo haces, te arruinas”, advierte. Algunos proveedores están optando por bajarse del tren en marcha, es decir, desistir de ofrecer sus servicios: “En Valencia, por ejemplo, hay empresas de asfaltado de carreteras que se lo han comunicado a las constructoras para las que eran proveedoras. El betún les costaba 200 euros la tonelada el año pasado y ahora está en 800”.
Con incrementos de la luz del 46% y fletes que han multiplicado por cuatro su coste, a este directivo no le ha quedado más remedio que “dejar pasar ofertas que no incluyan cláusulas de revisión de precios y que tengan un horizonte temporal de más de seis meses. Te dicen que hagas menos baja [a la hora de presentar ofertas], pero es que los precios ya están ajustados”, afirma.
Otra forma de capear el temporal, aunque solo puede aplicarla a clientes del sector privado, es añadir una cláusula al contrato que advierta del posible incremento de la factura final si se producen variaciones posteriores en el precio de los materiales utilizados. “La gente lo está entendiendo”, señala este ejecutivo que concluye con una advertencia: “Esto tiene que regularse cuanto antes porque acabará afectado a toda la sociedad; hablo con muchos empresarios y poca gente conozco a la que no le toque de una forma u otra”.
Las empresas de suministros y servicios también dan la voz de alarma
En conjunto, el 11,4% de las adjudicaciones cerradas (de obras, suministros y servicios) en el primer trimestre de 2022 fueron declaradas desiertas, además es la primera vez que el porcentaje ha superado el 10% desde el tercer trimestre de 2019. En total, unas 2.400 licitaciones no encontraron adjudicatario sobre un total de casi 21.000 contratos adjudicados en los tres primeros meses del año.
Además, desde Gobierto explican que la inflación ha invertido el tradicional reparto de licitaciones desiertas por tipo de contrato. Suministros y servicios, por este orden, tenían las tasas más altas, y a mucha distancia se situaban las obras, debido sobre todo a unos importes más elevados. “Pero el encarecimiento de los precios lo ha trastocado todo. Mientras la brecha de porcentaje de desiertos entre suministros y servicios se ha ampliado, la de obras con estos dos tipos de contratos se ha estrechado hasta el punto de que por primera vez el porcentaje de desiertos en obras se ha situado por encima del de servicios”.
Aún así, el porcentaje de contratos de suministros desiertos aumentó cuatro puntos porcentuales en un año, al pasar del 8,7% del primer trimestre del año pasado al 12,7% en 2022. En el caso de los servicios, el repunte se queda en un punto porcentual (hasta el 9,3%), algo lógico ya que de momento son las materias primas, el transporte y la energía lo que más se ha encarecido “y no –o al menos a un ritmo menor– los salarios de la mano de obra”.
Precisamente hace unos días empresas especializadas en diversos suministros y especialmente las de mobiliario urbano y de aparcamiento, tratamiento de residuos y de aguas, daban la voz de alarma por boca de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec). Su director general, Joan Tristany, en declaraciones a la agencia EFE señalaba que “en las nuevas licitaciones muchas empresas se lo están planteando de manera muy seria, porque o hay posibilidad de revisión (de precios) o no se arriesgan, y en muchos casos no hay posibilidad de revisión, porque no está contemplado». ¿El motivo? Si el precio en licitación de un parquímetro ha aumentado solo un 15% desde 2016 en un concurso que se publica este año, uno de sus componentes principales, el acero inoxidable, ha remontando un 46% entre 2020 y 2022.
De momento, solo el 41,5 % de las empresas ha repercutido este incremento de costes de las materias primas y la energía a sus clientes, de acuerdo con el último informe de coyuntura de Amec, y a pesar de las dificultades para hacerlo con sus principales clientes dentro de la administración (ayuntamientos, diputaciones, Renfe y Aena), el responsable de Amec Urbis, Aleix Serrallonga, reclama mantener las inversiones “porque son sectores clave y absolutamente necesarios en un futuro muy cercano y ya en el presente: la movilidad sostenible, la gestión de los aparcamientos, el tratamiento de residuos… son sectores necesarios que no son opcionales y por ello hay que seguir invirtiendo en ellos”.
