En 2021, el Gobierno empezó a distribuir las primeras ayudas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas, edificios y barrios procedentes de los fondos europeos Next Generation. Casi 3.500 millones de euros para llegar a 160.000 viviendas por año con actuaciones en fachadas, cubiertas, cerramientos, aerotermia, accesibilidad, digitalización y hasta retirada de amianto. La inflación ha obligado a cambiar el calendario inicial y en 2024 se mantendrán al menos las deducciones fiscales para particulares, un segmento que no ha respondido como se esperaba. Ahora que el presupuesto para ayudas directas se ha agotado, ¿qué posibilidades hay de alcanzar el objetivo a 2030, mucho más ambicioso, de rehabilitar 1,2 millones de viviendas?
Europa los dio (varios miles de millones de euros), a través de los fondos Next Generation EU, y España los ha gastado, al menos los que se destinaron a la rehabilitación urbanística. El ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, se lanzó hace tres años con una bolsa inicial de 3.420 millones de euros distribuidos en tres años a repartir entre las comunidades autónomas que podían complementar este montante con aportaciones propias.
El objetivo, acelerar la rehabilitación de viviendas por encima del 10% -en cuanto al número de edificios- y del 35% -en el de presupuesto-, comparando las cifras registradas con los años precedentes y llegar a 480.000 viviendas en tres años. Al fondo del todo, un objetivo mayor que es el que establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. En concreto el PNIEC prevé mejorar la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas a lo largo de esta década que se debe completar con la renovación de edificios públicos, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas y locales, de al menos el 3% anual.
“No están llegando”, afirma Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), en relación con las ayudas que deberían haber supuesto un revulsivo para esta actividad. “Los datos del Ministerio nos indican que, frente a las 28.500 rehabilitaciones emprendidas en 2019, en 2023, ya con los fondos Next Generation, en teoría a pleno rendimiento, la cifra baja a algo más de 22.000”, argumenta, al tiempo que recuerda que “la velocidad de crucero para descarbonizar el sector en 2050 debiera ser de 300.000 actuaciones al año”.
Para este representante de los promotores inmobiliarios madrileños, las causas son varias, “comenzando por una gran burocracia y falta de información a las comunidades de propietarios que no perciben esa mejora de eficiencia y confort que va a genera la rehabilitación”.
El problema es que la financiación europea se ha agotado, así que todo vuelve a quedar en manos del sector público y el privado que, por su parte no está muy satisfecho con la gestión realizada. “Un tema tan complejo no se soluciona solo legislando y poniendo dinero. No olvidemos que la rehabilitación de los edificios, de los años 60, 70, 80 que son los más necesitados, son habitados por la gente con menos recursos y capacidades para llevar a cabo este tipo de actuaciones, y el problema es muy poliédrico, donde intervienen muchos actores. Y no se ha contado con la parte privada fundamental para tener éxito en este tipo de actuaciones”, argumenta el director general de Asprima.
¿Quedan fondos para la rehabilitación energética?
Para transferir parte de los fondos a los destinatarios, se crearon dos instrumentos a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) y el PREE 5000, este último dirigido a entidades locales de ‘municipios de reto demográfico’ (de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes).
El primero de estos programas estaba dotado con 402,5 millones de euros y el segundo con 675 millones, sumados en ambos casos el presupuesto inicial y las ampliaciones recibidas. El PREE ya está cerrado, por lo que no admite más solicitudes. El problema puede ser otro: el porcentaje de resolución de expedientes respecto a las ayudas asignadas se encontraba todavía al 56% a comienzos de marzo de 2024.
En cuanto al PREE 5000, aún sigue activo a través de la web del IDAE. La Comunidad de Castilla y León es la que más fondos ha recibido (147,7 millones), seguida de Cataluña (78) y Andalucía (76,5). El IDAE, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no ofrece información sobre el porcentaje actual de ejecución de los proyectos, que pueden ser de tres tipos: mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad sostenible.
En todo caso, el Real Decreto 853/2021 que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que el plazo de ejecución de las actuaciones termina el 30 de junio de 2026.
Propuestas para impulsar la rehabilitación de vivienda
Los promotores inmobiliarios insisten en las ideas que sostienen desde que entraran en escena los fondos europeos. “Hasta que no se aborde el problema desde otro enfoque, incluyendo en la parte de la solución a la iniciativa privada, será continuista y haremos la misma producción, porque aquí sí que de verdad se necesita colaboración privada y pública”, reclama Jorge Ginés. Las propuestas de la patronal madrileña son tres:
1º Una involucración “real” de los Ayuntamientos parra que realicen “verdaderos planes especiales de rehabilitación/regeneración, analizando barrio a barrio, y donde no se vea solo el cambio de caldera, fachada etc., si no que se analice, de verdad, la necesidad de mejora del barrio, más zonas verdes, dotaciones, etc.”.
2º Una vez analizado cada caso concreto, “encontrar al privado que quiera invertir (las administraciones públicas no tienen el capital ni los equipos humanos) en dicho proyecto a cambio de un beneficio económico”.
3º Para Asprima, el beneficio económico “evidentemente no pasa por las ayudas”, sino porque “se ‘monetice’ el trabajo realizado por los actores privados “con un aumento de edificabilidad, redensificación le llaman ahora; ese lucro tiene que ser suficientemente interesante para llamar al gran capital que se va a necesitar”. En su momento, el Gobierno central estimó en más de 32.400 millones de euros la financiación privada necesaria para acometer los objetivos que el PNIEC planteaba en términos de rehabilitación energética de viviendas hasta 2030, una cifra que casi triplicaba la de inversión pública.
“Así todos ganaríamos -asegura Ginés-, los vecinos tendrían una vivienda mucho más eficiente energéticamente, y pagaran menos de hipoteca energética; el Ayuntamiento tendría más dotaciones, además resolveríamos parte del problema de la poca falta de vivienda, que es el vector más importante del aumento de precios. Tendríamos zonas totalmente consolidadas, y encima tendríamos unas ciudades descarbonizadas y más saludables. Sólo hay que redensificar las ciudades y dejar que el privado haga su trabajo”.
Respecto a la cuestión del actual desajuste entre demanda y oferta de vivienda en las principales zonas metropolitanas de España y con la ley de vivienda -concebida para atacar este problema- a punto de cumplir su primer año, desde Asprima consideran “bueno” que la Administración “se convierta en promotor” para que conozca de primera mano “todas las dificultades que nos encontramos día a día: exceso de regulaciones, trabas burocráticas en la obtención de licencias, registros, confederaciones hidrográficas, eléctricas, etc. que sufrimos los promotores diariamente”. “Será un placer trabajar conjuntamente con el Ministerio para ayudarles a superar todos esos problemas”, propone el director general de la Asociación.
