Con la próxima legislatura (si no hay sorpresas de última hora) y con ella la posibilidad de que España cuente con unos presupuestos generales para 2024 que permitan financiar los nuevos proyectos del ejecutivo que finalmente se conforme, es el momento de repasar las principales promesas políticas en materia de infraestructuras de los partidos que aspiran a liderar el próximo gobierno.
Entre las iniciativas del PSOE en esta materia figuran el proyecto de retomar la Ley de Movilidad Sostenible (en la anterior legislatura se quedó en proyecto de ley), la creación de un ‘fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible’ que incluya un sistema para financiar proyectos de inversión relacionados con la movilidad urbana y metropolitana, pensado para impulsar su descarbonización y dar continuidad a medidas como la creación de Zonas de Bajas Emisiones que cuentan con financiación europea y son obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes desde este año, pero sobre la que hay una moratoria hasta el 1 de enero de 2024 por el retraso en la publicación del reglamento. La realidad es que apenas hay 14 en funcionamiento de las 149 previstas.
Por otro lado, el partido socialista también quiere impulsar la movilidad rural y, específicamente, ampliar los servicios ferroviarios de proximidad en zonas con baja densidad de población, aunque no detalla el coste que tendría.
¿Cuáles son las promesas de los políticos para la nueva legislatura?
Entrando en materia, la parte de la Ley de Movilidad Sostenible que podría tener un impacto en infraestructuras ya creadas es la que propone establecer un sistema para que la Administración General del Estado financie el transporte público de forma “homogénea, transparente y equitativa”, según explica el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones del pasado 23 de julio. La idea es que haya criterios estables y adecuados a las necesidades reales de mantenimiento, con el fin de reducir la incertidumbre de sus costos operativos en la financiación anual.
Hace ya tres años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuantificó el déficit de inversiones en el servicio de trenes de Cercanías. Este servicio concentra el 90% de los viajes que se realizan en tren. Sin embargo, la antigüedad media de las vías era de 21 años en ese momento y la de algunos convoyes, más de 30. En la década anterior se presupuestaron obras por un importe de 12.400 millones de euros, pero solo se ejecutaron el equivalente a 740 millones.
La intención del mencionado ‘fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible’ sería coincidente con la ley de movilidad, ya que uno de sus objetivos es priorizar inversiones “en la red local y autonómica de autobús, metro, metro ligero, ferrocarril o tranvía”. Para el ejecutivo en funciones, el principio que guíe las futuras intervenciones debe ser “la transformación basada en la descarbonización, calidad del aire, digitalización y componente social”.
De forma específica, el PSOE promete una mejora y modernización de la red de Cercanías, así como acelerar “los Planes de Cercanías que ya estamos ejecutando con un gran ritmo inversor”. Esto debería traducirse en una ampliación de la red actual, “con nuevas líneas y estaciones accesibles y con una renovación integral de las instalaciones y del parque móvil ferroviario”.
Alta velocidad y corredores transeuropeos
En cuanto a la alta velocidad, no hay grandes novedades: en los próximos cuatro años tendrían que concluir los trabajos que actualmente se realizan en las líneas de Asturias y Almería. En este último caso, los tramos principales ya han sido licitados y la ejecución de los mismos se sitúa en torno al 50%, de acuerdo con la última actualización que facilitó el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado mes de agosto, por lo que se mantiene el compromiso de finalización para 2026. Actualmente la ejecución presupuestaria de este proyecto es del 40%, aproximadamente, para un total de 3.400 millones de euros.
Otras actuaciones, que podrían engrosar la categoría de viejas promesas políticas incumplidas, como la conexión de Extremadura o los corredores hacia Navarra, La Rioja y Cantabria, así como en la Y vasca, se tienen que conformar con un “seguiremos trabajando”.
Sí parece más convincente el compromiso de ejecutar la variante de Olmedo (Valladolid) o lo que es lo mismo, el proyecto de conexión de las líneas de AVE a Valladolid y Galicia que permitirá la circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia, Castilla y León, Asturias, el País Vasco e incluso Barcelona. La expropiación de terrenos ha comenzado este año.
En cuanto a los corredores transeuropeos de la Red TEN-T (no son sólo ferroviarios ya que incluyen carreteras, aeropuertos, puertos y vías marítimas), el ejecutivo declara su intención de seguir desarrollando el atlántico y el mediterráneo, “bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030, una fecha que, probablemente, adelantaremos”.
En relación con lo anterior, en el programa hay también un apartado específico sobre el transporte ferroviario de mercancías con el objetivo de que en 2030 absorba el 10% de todas las mercancías que se mueven por España. Alcanzar ese objetivo requerirá, entre otras cosas, crear nuevas infraestructuras o adecuar las existentes; entre ellas, el tramo Madrid-Burgos (que se reabriría para este uso) y la antigua Ruta de la Plata.
Descarbonizar carreteras y aeropuertos
Otras de las medidas en el área de transportes son un plan de electrificación de la Red de Carreteras del Estado y otro de eficiencia energética que contempla “la instalación de elementos generadores de energía sostenible”. La meta global es que la Dirección General de Carreteras sea neutra en carbono en el año 2030.
Algo parecido se propone para las infraestructuras destinadas al transporte aéreo, “mediante la construcción de plantas fotovoltaicas e infraestructuras de recarga eléctrica”. Los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat deberían recibir fondos específicos para su transformación en hubs aeroportuarios, mientras que se invertirá en los aeropuertos de la isla de Tenerife para garantizar que cuenten con la capacidad necesaria. En general, se busca que las infraestructuras aeronáuticas se conviertan también en hubs del hidrógeno.
Finalmente, en cuento a infraestructuras digitales, el PSOE promete impulsar la tecnología 5G “para que pueda desarrollarse la industria 4.0 en todo el territorio, así como la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G”. A este respecto, en mayo el Gobierno puso en marcha con financiación europea el proyecto ‘Enable 6G’ que debería servir como plataforma de pruebas e innovación.
¿Desengancharse de los combustibles fósiles?
Si finalmente el PSOE logra los apoyos necesarios para investir a Pedro Sánchez, ‘Sumar’ será su socio principal y, en teoría, el único partido con opciones de lograr alguna cartera ministerial dentro de un gobierno de coalición; independientemente de cuáles sean, esto le daría acceso directo al Consejo de Ministros y la posibilidad de influir al más alto nivel en las decisiones que adopte.
Sus promesas políticas en ámbitos como la transición energética van, claramente, un paso más allá de las del PSOE -incluso de la propia Unión Europea- e incluyen detener las nuevas inversiones y subvenciones al gas natural y a otros combustibles fósiles. Asimismo, quieren que se elimine “cualquier referencia explícita o implícita a la consideración de cualquier combustible fósil, incluyendo el gas natural y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, como posible energía alternativa o combustible de transición en el transporte”.
En el ámbito ferroviario, plantean que en 2040 el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio, lo que tendría que llevar aparejada una ampliación de la red de ferrocarril para este uso. De hecho, el equipo comandado por Yolanda Díaz aboga por “redirigir las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años”. En relación con esto, su propuesta de disminuir trayectos de hasta dos horas y media en avión que tengan alternativa de tren será estudiada por el Ministerio de Transportes una vez se forme el gobierno.
Asimismo, plantean la creación de un fondo de compensación territorial que contrarreste “el efecto histórico de las inversiones en infraestructuras de transporte radiales” y potencie los “corredores transversales”. Otro de los puntos del programa de Sumar contiene la idea de otro fondo destinado a la sostenibilidad del transporte público que cuente con una financiación inicial de, al menos, el 0,25% del PIB. Además, las nuevas infraestructuras deben incluir la sostenibilidad social, ambiental y territorial en los criterios de rentabilidad financiera.
