Al margen de los proyectos que el Gobierno de España está impulsando durante su actual semestre al frente de la Unión Europea, en el ámbito nacional hay varias directivas que, de trasponerse durante la próxima legislatura, podrían suponer un impulso extra para el crecimiento económico en España, principalmente la que amplía los objetivos de uso de energía procedente de fuentes renovables que requerirá inversiones adicionales. También están previstos más ayudas europeas de las que se beneficiarán diversos sectores industriales: Bruselas acaba de conceder 10.000 millones de euros adicionales para ampliar los 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que ya están en ejecución, a los que se une el anuncio de 17 proyectos más que darán continuidad al Plan de recuperación diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos Next Generation EU.
En la última revisión de sus perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional mantiene el crecimiento previsto para la economía española en 2023 que debería llegar al 2,5%; la Comisión Europa le concede tres décimas más, hasta el 2,2% y el Gobierno español se queda a medio camino, en el 2,4%. ¿Mucho, poco o suficiente? La Ley de Okun dice que para que una economía sea capaz, al menos, de mantener su nivel de empleo, el PIB debe crecer alrededor del 2,5% anual y aunque este año España todavía salve los muebles, la tendencia es a la baja tras dos años de recuperación pospandémica en los que el ritmo de avance de su economía fue el doble. De hecho, para 2024 la previsión oficial, de momento, se queda en el 2%.
En todo caso, si se cumplen los últimos pronósticos de Bruselas, España registrará todavía la mayor tasa de crecimiento entre las grandes economías de la eurozona tanto este año como el próximo, tras haber recortado tres décimas su predicción para los países de la moneda única que cae hasta el 0,8% y el 1,3%, respectivamente.
Tras este comportamiento anticíclico, hasta cierto punto, de la economía española hay factores internos y externos. Entre estos últimos está el comportamiento récord del sector exterior y las ayudas públicas recibidas de Europa en los dos últimos años (37.000 millones de euros a cuenta de los fondos Next Generation EU) que habrían tenido un impacto en la economía del 0,2% del PIB en 2021 y el 0,4% del PIB en 2022, según los cálculos tanto de la Comisión Europea como de la consultora S&P.
Sin embargo, el cuadro general anticipa una pérdida de dinamismo de los principales mercados internacionales de España debido a la persistencia de la inflación generalizada y a conflictos como la invasión de Ucrania o el que se acaba de iniciar en Oriente Medio. Parece claro que harán falta nuevos incentivos para contrarrestar un viento en contra cada vez más intenso.
Directivas y fondos que impulsan el crecimiento económico de España
En sus últimas previsiones macroeconómicas de verano, el Ejecutivo comunitario ya advertía de que la actividad económica en España seguirá moderándose “al menos durante la primera mitad de 2024”, de ahí que para el año próximo vaticine una ralentización en términos parecidos a los de Moncloa. No obstante, la Comisión Europea también espera “que la implementación del plan de recuperación y resiliencia siga apoyando el crecimiento de la inversión en el horizonte de las previsiones”.
De momento, el pasado 17 de octubre dio su visto bueno a los 10.300 millones de euros adicionales que España había pedido a través de la ‘Adenda’ para ampliar los 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que ya están en ejecución.
En realidad, el refuerzo será mayor ya que, según el ejecutivo, ascenderá a 27.000 millones si se suman las transferencias, los préstamos y el programa RepowerEU (que supone 7.000 millones destinados a impulsar la eficiencia y diversificación energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles).
La Adenda supone también el despliegue de la segunda fase del Plan de Recuperación diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos europeos con un calendario actualizado de desembolsos que contempla siete nuevas remesas hasta 2026 más “una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU”, según ha detallado el Ejecutivo español. En total, España puede recibir de aquí a 2026, entre transferencias y préstamos, hasta 25.600 millones de euros en 2024; hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.
Entre las iniciativas que se beneficiarán de los nuevos fondos están la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado, así como otras medidas preexistentes pero que se amplían, como la creación de un sandbox para el sector del transporte y la movilidad y el refuerzo de las infraestructuras asociadas a este ámbito. En total, son 17 los proyectos -entre nuevos y los que no lo son- que recoge la Adenda y que el Gobierno denomina ‘reformas’.
Nuevos objetivos de energías renovables: industria, edificios y transporte
También podría generar nuevas inversiones la actualización de la Directiva sobre Fuentes de Energía Renovables que el Consejo Europeo adoptó el pasado 9 de octubre. Su objetivo es aumentar la cuota de energías renovables en el mix energético de la UE hasta el 42,5% en 2030 (el objetivo anterior era del 32%), aunque se abre la puerta a llegar incluso hasta el 45%. No es un reto menor si se tiene en cuenta que en 2021 la proporción de energía renovable que se consumió en la UE no llegó al 22%.
El objetivo general incluye otros para sectores específicos, entre los que se encuentra el compromiso de que al menos el 29% de la energía final empleada en el transporte sea renovable de aquí a 2030 o bien (a elegir por cada estado miembro) que se reduzca un 14,5% la intensidad de gases de efecto invernadero también mediante el uso de energías renovables. Hay, además, un subobjetivo para todos los países que consiste en alcanzar una cuota conjunta del 5,5% en “biocombustibles avanzados” (no deberían tener como materia prima residuos de cultivos alimentarios) y combustibles renovables de origen no biológico (principalmente hidrógeno renovable y combustibles sintéticos basados en el hidrógeno) en la cuota de energías renovables suministradas al sector del transporte; de esta cifra, al menos el 1% debe venir, principalmente, del hidrógeno.
En cuanto a la industria, la Directiva establece que el uso de energías renovables debe aumentar un 1,6% anual y que, de forma general, el hidrógeno destinado a este sector deberá proceder de combustibles renovables de origen no biológico en una proporción del 42% para 2030 y del 60% para 2035.
Los edificios también tendrán que usar más energía ‘verde’ de aquí a 2030, al menos un 49%. Esto implica, a su vez, un aumento anual en el uso de fuentes renovables para calefacción y refrigeración del 0,8% a escala nacional hasta 2026 y del 1,1 % de 2026 a 2030. Estas cuotas mínimas podrán incrementarse con un objetivo específico para cada Estado miembro.
Otro de los objetivos de la Directiva es agilizar los procesos de concesión de permisos y que se consideren los proyectos relacionados con las energías renovables como de “interés público superior”, lo que debería acelerar igualmente su despliegue.
El plazo para transponer esta norma comunitaria al ordenamiento español es de 18 meses, sin embargo, precisamente España acumula mucho retraso en estas lides. En respuesta a una pregunta de una senadora, el Gobierno reconoció en marzo del año pasado que estaban pendientes de trasponer 76 directivas.
Agilizar la construcción de la Red transeuropea de transporte
Otra de las directivas que podría acelerar el despliegue de algunas infraestructuras, sobre todo ferroviarias en el caso de España, es la (UE) 2021/1187 Sobre la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Lo que persigue es agilizar la ejecución de una serie de proyectos de corredores de esta red básica europea que están recogidos en el anexo de la propia Directiva, así como otros que cumplan determinadas condiciones y tengan un coste superior a los 300 millones de euros.
Así pues, los Estados miembros deben establecer “cuando sea viable y adecuado, un procedimiento simplificado” de evaluación ambiental de estos proyectos que sea acorde a la normativa tanto europea como, en cada caso, a la nacional.
