Un centenar de expertos ‘imaginaron’ cómo podría ser su país dentro de tres décadas en el documento ‘España 2050’, un ejercicio auspiciado por el Gobierno que, al margen del acierto de sus predicciones y sugerencias llegado el momento, es inédito para una sociedad poco acostumbrada a planificar tan a largo plazo y menos de una forma global. Mucho antes de que llegue ese futuro planeado, la actualidad ofrece la oportunidad de confrontar algunos de los escenarios previstos con la realidad más inmediata en cuestiones como el problema de la falta de agua en muchas partes de España o los planes de Bruselas para prohibir el uso de gas en los hogares.
Cómo será España en 2050: retos para la Estrategia España 2050
Entre quienes han prestado sus ideas al proyecto de ‘España 2050’ están ministros del actual gobierno de las áreas económica, medioambiental o científica, pero también voces ajenas a él como las de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. No puede tomarse como un plan de acción gubernamental ni lo pretende. Su interés está más bien en el grado de influencia que puedan tener sus propuestas en las grandes líneas de acción de las administraciones públicas y los sectores que podrían beneficiarse de una mayor atención presupuestaria en los próximos años.
Entre las principales oportunidades que menciona ‘España 2050’ se encuentran las relacionadas con la transición hacia una economía más sostenible (inversión en generación, distribución y almacenaje de energías limpias; movilidad, logística y distribución; construcción y rehabilitación de edificios; la producción de bienes reciclados y reciclables; fomento de la economía circular y mejora de la gestión del agua y otros recursos naturales, entre otras áreas); la digitalización de la economía; la posición estratégica de España en el mundo; y la inversión en ciencia, tecnología e innovación como motores del crecimiento económico y la creación de un empleo de calidad.
Sin embargo, el agravamiento de la sequía ha hecho que la falta de precipitaciones pase a ser una de las principales preocupaciones de los españoles. Un estudio sobre cambio climático y negocios verdes realizado a mediados del año pasado por el Grupo AXA en todo el mundo ya señalaba que el 91% de los españoles sentía que su país se ve afectado por eventos climáticos cada vez más frecuentes y graves, como la sequía. El sentir casi generalizado de las personas encuestadas en España suponía entonces el mayor porcentaje de toda Europa y el segundo más elevado del mundo, solo por detrás de México (95%).
Con varias regiones que no ven apenas llover desde hace más de 100 días (desde comienzos de año), las reservas de agua al 50% y casi un tercio del territorio en estado de alerta o emergencia por la ausencia de nubes, cabe preguntarse qué dice el documento sobre política del agua. Y lo cierto es que ‘España 2050’ propone invertir en infraestructuras hídricas que permitan mejorar la disponibilidad y calidad del agua, así como su gestión y distribución. Esta visión abarcaría desde la modernización de infraestructuras existentes a la construcción de otras nuevas, así como la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito del agua. En relación con esta cuestión, el año pasado se aprobó el PERTE de digitalización del ciclo del agua dotado con 1.700 millones de euros, aunque también a lo largo de 2023 se deben adjudicar varias de las convocatorias de ayudas previstas y que se dirigen a administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas.
Nuevas infraestructuras hídricas
Mientras España prepara un decreto contra la sequía y aguarda a que la Comisión Europea responda a su petición urgente de fondos que le ayuden a paliar las pérdidas que está provocando en el campo, la visión avalada por el Gobierno reconoce que “la península ibérica es un lugar cada vez más seco” y en el caso concreto de España, unos 22 millones de personas “viven en lugares donde el consumo de agua supera la cantidad disponible y que, entre ellas, 3,3 millones lo hacen en zonas que padecen escasez hídrica severa”.
Al mismo tiempo, se plantea el objetivo de aumentar la producción agrícola en las próximas décadas, mientras se reduce la demanda total de agua en un 5% para 2030 y un 15% para 2050, objetivos que requerirán distintos tipos de medidas; el documento las encuadra en cinco ejes de actuación:
- Aumentar la capacidad de embalses existentes y construir nuevos: la estrategia propone ampliar la capacidad de algunos embalses existentes y construir nuevos, especialmente en regiones con mayor riesgo de sequía. También se propone la modernización de infraestructuras de almacenamiento para mejorar la capacidad de gestión del agua.
- Desarrollar sistemas de desalinización de agua de mar: el documento plantea el desarrollo de la desalinización para incrementar la disponibilidad de agua dulce en zonas costeras y reducir la presión sobre los recursos hídricos de las cuencas interiores reduciendo su precio frente a las fuentes naturales. Actualmente, España alberga el 60% de la capacidad instalada de la UE, según The EU Blue Economy Report.
- Ampliar la red de canales de transporte de agua: en este caso se propone construir nuevos canales y la ampliación de los existentes para transportar el agua de manera más eficiente entre las distintas regiones del país.
- Construir plantas de tratamiento de aguas residuales: con el fin de mejorar la calidad del agua y aumentar el grado de reutilización para distintos usos, como la agricultura.
- Fomentar la gestión de acuíferos: la estrategia propone la gestión de los acuíferos para garantizar su sostenibilidad y mejorar la gestión de las reservas de agua subterránea. Los datos oficiales señalan que el 36% de los acuíferos están en riesgo de sobreexplotación y que más de la mitad presentan un grado de contaminación por nitratos elevado.
Menos gas, más electricidad
Justo antes de que la sequía acaparase titulares un día sí y otro también, era la energía la que abría muchos informativos y no solo por sus altos precios, últimamente también por el plan de Bruselas para que los edificios de nueva construcción estén libres de CO2 a partir de 2028. ¿Cómo? Entre otras cosas, prohibiendo las calderas de gas y de otros combustibles fósiles. Antes, el pasado 14 de marzo se modificó la directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios para potenciar la renovación y la rehabilitación de los mismos. Esta medida trae aparejada otra fecha límite, la que obliga a eliminar progresivamente las calderas de gas y diésel existentes de aquí a 2035. No obstante, podrían salvarse las que puedan adaptarse para su uso con hidrógeno renovable.
Para el profesor investigador en movilidad sostenible de la Universidad Nebrija, Roberto Álvarez Fernández, la opción de sustituir el gas para calefacción por hidrógeno es “la más difícil” de materializar, aunque considera que España sí que debe apostar, en general, por la producción de hidrógeno verde como un recurso exportable debido al potencial que ofrece la península ibérica para generar electricidad a partir de fuentes renovables: “El hidrógeno se puede producir en todas partes si tienes agua, pero no en todas partes puede ser verde”. Por otra parte, “que España renuncie a explotar recursos como el viento o el sol es como si los Emiratos Árabes decidieran no extraer el petróleo que tienen en su subsuelo”, argumenta.
Queda por saber, eso sí, cómo se llevará a cabo este proceso y a qué ritmo. Para este investigador, los plazos el caso de este tipo de planes deben entenderse como algo orientativo. “Yo al menos no me atrevería a asegurar que para el año 2050, por ejemplo, todas las energías que usemos serán renovables. Hay que tener en cuenta que van a existir factores geopolíticos muy influyentes que no controlamos, como ha sucedido con la guerra de Ucrania o la pandemia de Covid que pueden trastocar cualquier plan”.
Menos construcción, más rehabilitación
Al menos de momento, la actualidad parece refrendar la estrategia ‘España 2050’ que considera la transición energética una de las grandes oportunidades de futuro para el país. El trabajo menciona que, con la sustitución de combustibles fósiles, “nuestro país podría ahorrar más de 340.000 millones de euros en importaciones en las próximas tres décadas, lo que equivale al gasto público en educación de siete años”. Y en esa ecuación entra también la construcción, ya que se propone una reducción del consumo de energía en el parque de vivienda existente -vía rehabilitación- en torno a un 35% de aquí a 2050.
En línea con los citados planes de Bruselas de reducir las emisiones que producen los hogares, el documento afirma que el sector de la construcción, “deberá centrarse menos en la creación de nuevos edificios y más en la rehabilitación, restauración y regeneración de aquellos que ya existen. Los criterios medioambientales serán clave, promoviendo la durabilidad, la reutilización y reciclaje de materiales, el uso de materiales alternativos que reduzcan la huella de carbono, la mayor presencia de infraestructuras verdes (como azoteas o fachadas vegetales), la mejora de la eficiencia energética, la instalación de sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos (como los sistemas de captación de agua de lluvia), y el fomento de la construcción de viviendas de emisiones nulas”.
La dimensión del reto es considerable si se tiene en cuenta que ahora en España “se rehabilitan unas 26.000 viviendas al año; el 0,1% del parque total. En países europeos como Francia o Noruega, por el contrario, el porcentaje de viviendas rehabilitadas cada año es del 2%”. El objetivo del 2% se fija para 2050, en línea con la Estrategia Europea de rehabilitación (Renovation Wave) y la Estrategia a Largo Plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.
