En la Península Ibérica cada gota de agua vale su precio en oro y desde hace cuatro años todavía más: desde entonces España ha estado pagando 10 millones de euros cada seis meses como multa por no depurar adecuadamente las aguas residuales que genera. Es solo un ejemplo de lo que ha provocado la falta de inversión en infraestructuras relacionadas con la gestión del ciclo hidrológico que amenazan también al turismo, pero sobre todo a un sector agrícola y ganadero que reclama soluciones.
El 21 de mayo de 1991 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Algo menos de tres años después los Estados miembros debían entregar un programa que detallase la forma de cumplirla; treinta años después (¡30!), España lleva pagados más de 53 millones de euros por incumplirla, la mayor multa de Bruselas al país y eso que se libró hasta julio de 2018. Ese es solo parte del efecto, en este caso en el erario público, de los incumplimientos en materia de gestión del agua por parte de España.
Aunque no ha sido el único multado por este mismo concepto, un país especialmente amenazado por el riesgo de desertificación (el 74% de su territorio lo está, según el Ministerio de Transición Ecológica), debería hacer un esfuerzo suplementario en lo que se refiere a la gestión del agua, un recurso amenazado por la sobreexplotación y los efectos del cambio climático; porque un agua contaminada tiene menos usos alternativos y puede tener impactos negativos sobre la agricultura y el turismo. La situación del Mar Menor es quizá el ejemplo más reciente y extremo de este tipo de daños.
La reciente puesta en servicio de la depuradora de Nerja (Málaga) y la Gijón Este, ya en 2022, debería rebajar la multa semestral de la UE más o menos a la mitad a partir de la segunda mitad del año. Se desconoce, eso sí, el calendario para la ejecución de las depuradoras de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife) que haría decaer al menos esta sanción.
Al margen de estas aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que han motivado la multa actual, hay en torno a 500 de más de 2.000 vecinos que también están obligadas a instalar estaciones de tratamiento, según el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). De no hacerlo, los expedientes en curso podrían acabar en nuevas sanciones.
Uno de los problemas que tiene la realización de este tipo de proyectos es que es responsabilidad de cada municipio tratar sus aguas residuales, pero en muchos casos carecen de presupuesto para afrontar las obras e incluso para asumir el mantenimiento de las instalaciones, por lo que debe ser la administración autonómica y en ocasiones la central quienes lo hagan.
Déficit histórico de infraestructuras del agua
Algunos cálculos señalan que sigue sin depurarse el agua del 22% de las viviendas y otro 4% carece de servicios de alcantarillado. Sin embargo, de mantenerse la inversión media anual efectuada de 2016 a 2019, que fue de 1.103 millones de euros por año, las inversiones contempladas por el Gobierno en el tercer ciclo hidrológico no estarían terminadas hasta 2045, 18 años más tarde de lo previsto (2027), según las estimaciones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
Por otro lado, entre las mayores economías europeas, España es la que menos inversión por habitante ha hecho en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019, en concreto 24 euros por habitante en 2019 frente al promedio de 40€/habitante, de acuerdo con los datos de Eurostat. “Esta escasa inversión supone un grave problema ya que el agua es un elemento clave para el desarrollo de otros sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico como el turismo, la agricultura y la ganadería”, recuerdan desde Seopan.
Desde esta organización empresarial apuntan, asimismo, a que la ejecución de infraestructuras relacionadas con el agua ha sido tan baja estos últimos años que se ha multiplicado el déficit inversor, con lo que las actuaciones de ese actual tercer ciclo de planificación hidrológica 2022/2027 requieren “un 80% más que el ciclo anterior, llegando a los 26.418 millones, de los cuales 5.587 son de naturaleza básica, es decir, aquellas cuyo no cumplimiento derivaría en sanciones comunitarias”.
De momento, los fondos procedentes de la UE para combatir los efectos económicos de la pandemia tampoco cambiarán mucho la situación, ya que el montante destinado a infraestructuras hidráulicas, ecosistemas resilientes y preservación de recursos hídricos por parte del Gobierno ha sido hasta el momento de 1.850 millones, un 3,6% de los 51.096 millones disponibles para el periodo 2021/2022.
“Estos Fondos Next Generation, en lo relativo a agua, son una oportunidad desaprovechada, de manera que se tendrá que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritaria en la materia. Este sistema de colaboración público-privada (PPP) funciona con éxito fuera de España, ya que, por concesión, las empresas de infraestructuras españolas han contratado de media 12.070 M€/año, representando las concesiones hidráulicas el 7,4%”, defienden desde Seopan, aunque también se lamentan de que “España es un país atractivo para los inversores, pero la regulación actual impide la atracción de financiación privada”.
Un ‘Perte’ para digitalizar la gestión del agua
El pasado mes de marzo, se presentó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación de la Economía (Perte) dedicado al agua que prevé movilizar 3.060 millones de euros durante 2022 y 2023, aunque solo 1.940 serán fondos públicos directos. Las inversiones se centrarán en mejorar la gestión de este recurso, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales nacionales e internacionales.
Durante el mes de junio el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a consulta pública las bases de la primera convocatoria de este Perte de digitalización del ciclo urbano del agua que, con un importe total de 200 millones de euros, busca la colaboración con las distintas administraciones locales para mejorar la digitalización de los usos del líquido recurso.
A lo largo de este año y el que viene se lanzarán otras convocatorias de ayudas. La línea mejor dotada, con 1.700 millones de financiación directa, es la que se dirige a las administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria, así como las comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas.
El campo pide socorro
Entre los destinatarios del Perte del agua están los agricultores y ganaderos. Desde Seopan consideran que el campo español tiene “un gran potencial de desarrollo” en cuanto a su productividad “comparado con otros países más eficientes, siendo posible aumentar el valor añadido tanto en proporción al área de cultivo como en proporción al volumen de agua utilizado con fines agrícolas, pero estamos desaprovechándolo por no invertir en agua y dejar que este sector se vea afectado, entre otros problemas, por las pérdidas que se producen durante el abastecimiento”.
Tras el segundo invierno más seco desde 1961 y con un volumen de agua embalsada inferior al 50% de la capacidad a finales de junio y un registro en el conjunto de los embalses peninsulares que es, aproximadamente, un 14% inferior al de hace un año y un 30% menor que la media de la última década, no será un verano fácil en muchas explotaciones agropecuarias.
Salamanca es una de las provincias con mayor peso del sector primario y la que tiene más cabezas de ganado vacuno de España. Hace unos días, Asaja Salamanca volvió a lanzar un SOS: “La sequía provocará pérdidas millonarias debido a una ya previsible catastrófica cosecha y un aumento en los graves problemas del ganado en extensivo”.
Se prevé, por ejemplo, que la cosecha sea un 40% inferior respecto a la del año pasado. Por lo que se refiere a los efectos sobre las cabezas de ganado, la responsable de comunicación de esta organización agraria, Verónica González Arroyo, explica que la sequía “no es que los animales no pueden beber, sino que las charcas estén bajo mínimos, por lo que el agua es de peor calidad y facilita la transmisión de enfermedades como la tuberculosis desde la fauna salvaje, ya que se aproxima más al ganado en busca de agua”.
En mitad de una situación de sequía meteorológica, Asaja pide desde hace meses medidas urgentes de apoyo a la ganadería extensiva para hacer frente al estrés hídrico severo que pasarían por agilizar la creación de pozos o ayudas para mejorar o crear nuevas estructuras como balsas, abrevaderos, cisternas y conducciones de los mismos. La frecuencia de los episodios de bajas cosechas va en aumento -los últimos fueron en 2019 y 2017 (el peor desde 2005)- y aunque no se pueden paliar solo con una mejor gestión del agua, esta debe ser parte de la solución.
