La pandemia no le ha sentado bien a la licitación de obra pública: aunque en volumen creció un 68% el año pasado respecto a 2020, no fue suficiente para agotar el presupuesto comprometido por los principales ministerios en este ámbito. Además, por primera vez desde que hay estadísticas, el sector privado superó a las administraciones públicas en lo que a contratación de obra se refiere. Es un problema de ‘suma y sigue’.
No es algo nuevo ni tampoco infrecuente que diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se queden sin utilizar completamente en el ejercicio previsto. En el caso particular de la obra pública, solo en 2021, el montante no consumido ascendió a 3.683 millones de euros, según los cálculos realizados por la patronal Seopan y que se refieren a los dos ministerios que concentran la mayor parte de esta inversión en obra pública, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd).
El presidente de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Julián Núñez, se refiere a la inejecución presupuestaria por parte del Estado como “uno de los principales problemas que tenemos para el desarrollo de nuestra actividad”. Se puede ver de otra forma: es la cifra de un retraso, el que se genera cuando no se ponen a disposición de la sociedad las infraestructuras anunciadas y, en algunos casos, esperadas como agua de mayo; precisamente en la lista de procesos de licitación de obra pública pendientes están algunos relacionadas con la depuración de aguas residuales, así como infraestructuras de transporte que siguen esperando su turno en los cajones de las administraciones públicas.
Por departamentos, del total de 11.135 millones de euros que Mitma y Miterd tenían para gastar en 2021, el primero ejecutó solo el 65% –por debajo de esa línea media incluso se situaron los balances de Adif (43%) y Adif Alta Velocidad (40%)-; y el segundo llegó al 85%. En todo caso, el problema viene de atrás: en el periodo 2007-2021, la inejecución presupuesta ascendería ya a 37.450 millones (27.012 millones del Mitma y 10.438 millones del Miterd). Según el sector, esto habría ocasionado una pérdida en términos de retorno fiscal de 21.924 millones de euros; además, por el camino se habrían quedado 626.401 empleos potenciales.
La brecha entre las obras presupuestadas y las ejecutadas podría ampliarse más este año si no se agiliza la tramitación de las licitaciones de obra pública, ya que en el PGE de 2022 el Mitma dispone de unos 1.800 millones más para invertir que en 2021 (+14%).
Más licitación pública, pero lejos del récord
En la parte positiva del balance, que también lo hay, la licitación pública experimentó el año pasado un crecimiento del 68% hasta situarse en 23.647 millones de euros que supusieron un 23,4% más comparados con 2019, el último año sin Covid hasta el momento. Sin embargo, desde Seopan recuerdan que este repunte tras un duro 2020 por la pandemia, todavía es “un 38,7% inferior al máximo de 2009”. En la contratación pública también hay que hablar de subida, un 67,4% en este caso hasta llegar a los 12.022 millones. De nuevo hay que poner la cifra en contexto: es un 3,5% más el nivel pre-Covid, pero 60% inferior al máximo de 2009.
Comprobar con qué tipo de cliente contratan las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras asociadas a Seopan da una idea de la pérdida de empuje del sector público. En 2021 –y por primera vez desde que este tipo de información se empezó a registrar en 2014-, la producción de construcción adscrita a clientes privados representó más que la encargada por las administraciones públicas, en concreto, supuso un 55% del total.
Tiene su explicación: la falta de agilidad a la hora de convocar los procesos de licitación se suma a otros factores que generan incertidumbre en las empresas, como la actual fase inflacionista de los precios de la energía y las materias primas. “En caso de duda, y más con un mercado relativamente expansivo y más flexible (hay más gente haciendo obras en sistemas más flexibles como el sector privado); se opta por el camino más seguro”, argumenta Sergio Jiménez, consultor y responsable de producto en Gobierto Contratación.
Inyección de fondos Next Generation
De momento, el volumen de obra no ejecutada el año pasado casi iguala la previsión de la producción adicional (3.830 millones) que supondrá este año la llegada de subvenciones que la Unión Europea ha concedido a España a cuenta del programa Next Generation y que se repartirán el Mitma y el Miterd.
No obstante, la mayor parte de estos fondos no se transformarán en obra civil (22,7% o 870 millones) sino en rehabilitación residencial (62,6%) que además prima el auto consumo eléctrico renovable y almacenamiento con 1.800 millones, un ámbito en el que las necesidades constructivas son mínimas; el 14,6% (560 millones) irá destinado a edificios públicos, principalmente. En todo caso, desde el sector se teme que el retraso de algunas regiones a la hora de convocar ayudas financiadas por programas europeos de 2021 retrase su impacto económico hasta el año que viene; otro tanto podría pasar con las de 2022.
Por otro lado, desde Seopan enfrían los pronósticos que la Comisión Europea ha hecho sobre el impacto positivo que los fondos para la recuperación y transformación de la economía europea tras el Covid tendrán en la inversión del sector de la construcción y que se estima en un 7,6%: “Están sobreponderando el impacto del programa Next Generation, que se dilatará a 2023 y, por otro lado, no recogen el impacto en la actividad que tendrá la inflación de los precios”.
