La pandemia primero y la invasión de Ucrania después han hecho que se dispare el precio de materias primas clave para el sector de la construcción. Una dificultad añadida para las empresas que ejecutan obra pública es que no ha existido un mecanismo de actualización automática de los contratos ante incrementos de costes que eran imposibles de prever en el momento de la licitación.
Buena parte del sector de la construcción se enfrenta a lo que se podría calificar de ‘annus horribilis’: al frenazo forzoso de la actividad en 2020 por la pandemia se ha sumado, tras la reactivación económica iniciada el año pasado, la subida exorbitante del precio de las materias primas por el abismal desajuste entre una oferta todavía adormilada y una demanda desatada tras el letargo pandémico. Solo la compra de suministros y materiales representa para la obra civil en España entre el 33 y el 40% de su estructura de costes, unos 45.000 millones de euros al año.
La invasión de Ucrania iniciada por Rusia ha elevado el precio de algunos de los productos que componen la cesta de la compra del sector de la construcción a cotas desconocidas, una tendencia vertiginosa a la que se han sumado los mercados de la energía y los combustibles que ya estaban endureciéndose meses antes tras iniciarse la fase de convivencia con la pandemia. Y por si no fuera suficientemente explosiva, la mezcla se ha visto aderezada en marzo con el paro de los transportistas que, aunque superado por el momento, podría resurgir si el plan de choque del Gobierno no logra el objetivo de reducir sensiblemente el coste de llenar los depósitos.
Subida de las materias primas para la construcción
La patronal de las constructoras, Seopan, ha echado cuentas y las dimensiones de esta auténtica crisis inflacionista de las materias primas no pueden ser más preocupantes: entre enero de 2020 y marzo de 2022 el aumento del precio de productos básicos de construcción como la madera, el aluminio, el acero y el cobre era ya del 227%, 125%, 93% y 77%, respectivamente; y en el capítulo de la energía, del 1.224%, 1.163%, 84% y 28% en cuanto a electricidad, gas, petróleo y gasoil. “No tenemos constancia en nuestros registros de una situación similar”, reconocía el presidente, Julián Núñez, durante el balance anual y de previsiones que la organización ofreció a mediados de marzo.
Y no es solo que la tendencia haya ido a más conforme avanzaba el año en comparación con 2021, es que en las dos primeras semanas del mes de marzo “se ha confirmado una ruptura del mercado como consecuencia de la ralentización y paralización de la producción de la industria siderúrgica y cementera”. De no resolverse este cuello de botella, “de forma urgente”, Seopan ha calculado el impacto de un posible desabastecimiento de los materiales más comunes en el sector de la construcción: “23.000 millones de euros”. Esta cantidad corresponde al 50% de la compra de suministros que son empleados en este sector, de los cuales 11.025 millones de euros serían de acero, 5.644 de cemento, 2.543 de aluminio, 1.714 de cobre, 1.424 de materiales bituminosos y 654 de gasóleo A.
Actualización de los contratos públicos de obra
Es fácil imaginar la desviación de costes que esto ha generado hasta el momento, pero resulta imposible predecir hasta dónde podría llegar. El pasado 2 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 3/2022 de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. Entre otras cosas, trata de paliar la situación creada por una evolución tan desfavorable de los mercados de materias primas y su impacto en la construcción de obra pública.
Para el presidente de Seopan, este RDL “deja muchas cuestiones abiertas”. Por un lado, supondrá un reequilibrio “parcial” en el caso de los contratos públicos de obra ya en ejecución suscritos antes de 2021 por el sector público estatal, pero “no así para los formalizados en 2021 que solo en Adif AV representan 1.287 millones de euros”. Además, si se quiere que la medida sea eficaz, Núñez subraya la necesidad de “publicar todos los índices oficiales de precios de 2021 por parte del Instituto Nacional de Estadística, porque si no las compañías no van a poder acudir a este procedimiento”.
Otra de las pegas que encuentra la patronal es que, tal y como está redactada la norma, algunos contratos licitados a finales de 2020 o a lo largo de 2021 “no van a poder acogerse”, debido a que el plazo medio que transcurre entre que termina la presentación de ofertas y la formalización del contrato es de “unos nueve meses” y si se adjudican en 2022, quedarían fuera también del mecanismo aprobado. De igual modo, los empresarios de la construcción piden que ante la imprevisible escalada de los mercados de materias primas la revisión no sea anual sino más frecuente.
La cuestión de los plazos tiene otro inconveniente relacionado con el momento que se toma de referencia para la revisión de precios: el sector pide que sea de tres meses tras la presentación de las ofertas económicas -como establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)- y no la de la formalización del contrato. Otro tanto debería hacerse, a su juicio, para calcular la cuantía de la revisión.
El RDL tampoco solucionaría la papeleta de los contratos a licitar y contratar en 2022 y posteriormente, ya que actualmente incluyen una carencia no revisable durante los primeros dos años. Por eso reclaman que “obligatoriamente” incluyan en sus pliegos las cláusulas de revisión de precios, de acuerdo a la LCSP, “sin incluir las franquicias de grado de obra ejecutada ni de temporalidad”.
Núñez asegura que es “extremadamente arriesgado” para una empresa hacer ahora mismo una oferta económica en estas condiciones y propone a la administración central “prorrogar las fechas de presentación de ofertas hasta que el mercado recupere la normalidad” puesto que, en caso contrario, la administración podría estar contratando “a los precios máximos de la actual coyuntura y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos”, lo que supone por parte de la patronal una advertencia sobre posibles quiebras empresariales.
Actualización de los contratos de obra pública
“Hay empresas que nos están llamando porque no es que pierdan un contrato, sino que pasan de ser empresas viables a inviables; y si tienen que ir a los tribunales y esperar sentencia, por el camino desaparecen”, confirma César Olano, socio director de Olano Abogados. Sus palabras ponen de manifiesto que la ausencia de un mecanismo que permita actualizar de forma automática los contratos públicos de obra ha puesto al borde de la quiebra a algunas empresas.
Aunque el RDL 3/2022 supone una mejora en lo que se refiere a la revisión de precios en los contratos públicos de obras, César Olano, socio director de Olano Abogados, señala que estas medidas excepciones se refieren a “unidades de obra muy concretas”. Coincide con el análisis de Seopan en que esta medida es “muy parcial porque ataja problemas concretos y se refiere a materiales concretos, pero deja fuera el incremento de los precios de la energía y la mano de obra en el contexto de una inflación galopante como la actual”.
En su opinión, lo que realmente haría falta es “recuperar las fórmulas de revisión que existían en los años 80 y 90 y que ahora han caído en desuso”. Además, recuerda que la administración, de inicio, “suele rechazar las reclamaciones por incremento de costes”, por lo que no queda más remedio que judicializar el problema, aunque también depende “del interlocutor que te encuentres”. Esto se podría evitar si la legislación creara menús con fórmulas de revisión.
Reservas estratégicas de materias primas
“Estamos en la tormenta perfecta”. Así define la acumulación de nubarrones negros que se ciernen sobre la obra Francisco Ruano, presidente de Aecom, entidad que representa a los empresarios de la construcción en la Comunidad de Madrid. No es de extrañar que el pronóstico sea reservado. Apenas unos días con los camiones sin transportar suministros a las obras por los paros de marzo provocaron la paralización de al menos 14 proyectos de ampliación de centros educativos en la región, como llegó a reconocer el propio Gobierno regional. Seopan ha calculado que tan solo dos semanas de desabastecimiento son capaces de provocar la pérdida de todo el crecimiento previsto para 2022 y, a partir de la tercera semana se produciría una contracción del avance registrado en 2021; con un mes la caída sería de en torno al 4%.
Ruano explica que la afección de este tipo de situaciones depende de la fase constructiva en la que se encuentre la obra. Un aumento de los carburantes impacta más en la fase de movimiento de tierras porque requiere el uso de maquinaria pesada, mientras que, durante la ejecución de la estructura, una interrupción en la cadena de suministros de construcción puede paralizar rápidamente unos trabajos; finalmente, llegado el momento de las “instalaciones, acabados y revestimientos, es más fácil acopiar los materiales necesarios en almacenes y afecta menos un paro del transporte”, concreta Ruano.
Pero no todas las empresas cuentan con reservas de materias primas para la construcción de las que tirar en momentos de escasez o de crisis logísticas como la de marzo; algo que habría que replantearse de cara al futuro porque contar con ‘reservas estratégicas’ podría aportar un colchón también frente a posibles subidas de materias primas como las actuales.
De cara al medio y el largo plazo, el presidente de Aecom se muestra preocupado por la materialización de los fondos Next Generation de la Unión Europea en los que está implicada la construcción de obra pública “en un porcentaje muy grande”. “El éxito depende de que el sector funcione” y si el horizonte no acaba de despejarse “se podría poder en riesgo la ejecución de los compromisos que se han adquirido”, advierte. Respecto a la actualización de los contratos de obra pública, Ruano está convencido de que el RDL 3/2022 se va a complementar con otros decretos que “ya se están negociando”.
