‘El 30 de abril, España presentó ante la Comisión Europea su programa nacional de reformas y su programa de estabilidad, último paso para que Europa abra el grifo de los Next Generation. Las pymes podrán acceder a ellos a través de convocatorias específicas e integrándose en proyectos tractores liderados por grandes empresas’.
«La estrategia de transformación será un fracaso si no llega a la pyme española. Debe ser de la mano de la gran empresa pero contando con las pequeñas empresas», afirmaba Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, en el webinar ‘Primero el proyecto y después los fondos europeos’ organizado en abril por la consultora Tactio.
El aviso a navegantes, que debería resultar de perogrullo teniendo en cuenta que más del 90% del tejido empresarial español está formado por firmas pequeñas y medianas, es importante para salirle al paso a las dudas sobre cómo se van a repartir los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea vía fondos de recuperación Next Generation. «Si se quedan en las grandes, mal vamos», coincide Felipe Romera, presidente del Comité Organizador de Transfiere 2021 y de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la venida de los fondos de Recuperación y Resiliencia en verano de 2020, rodeado de gigantes como Telefonica o Google. Una puesta en escena entendible, porque se trataba de mostrar músculo y solvencia, pero que, como daño colateral, ha podido transmitir el mensaje de que, en este cuadro, la pequeña y mediana empresa no pintan nada. «Es una imagen que no se corresponde con la vocación de este instrumento, que busca la transformacion del modelo productivo, y un salto adelante basado en la digitalización y la sostenibilidad. Eso, simplemente, no se puede hacer sin contar con las pymes», opina Paloma Baena, directora senior de la Unidad Next Generation EU en la agencia LLYC.
Baena recuerda que España Puede (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que guiará la ejecución de los Next Generation) contempla ayudas a las que solo podrán optar compañías pequeñas y medianas. Al menos 7.000 millones de euros (5.000 millones en convocatorias específicas entre 2021 y 2023, y otros 2.000 millones del plan de digitalización) según declaraciones de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El 26 de mayo, el presidente del Gobierno presentaba el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, y, de nuevo, proclamaba que la mayor parte de los más de 4.500 millones de euros de los que está dotado se destinaría a las pymes.
«Los Presupuestos Generales del Estado ya recogen 27.436 millones de euros a modo de anticipo de los fondos que han de venir», recuerda Gerard Brinquis, Technical Office Leader & Head of Next Generation Europe en FI Group. El consultor defiende que empiezan a permear en un goteo de convocatorias: Programa NEOTEC para el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica; Programa Tecnológico Aeronáutico; Plan MOVES III de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible; proyectos de I+D+i para la realización de «Pruebas de concepto«; proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada 2021; subvenciones para la formación de personas ocupadas.
La oportunidad de los Perte
Dice Brinquis que hay tres mecanismos para que los fondos de recuperación europeos calen en el grueso del tejido empresarial: «vitaminar» las convocatorias que ya existen con más presuesto, para que tengan un mayor alcance; abrir convocatorias «puramente Next Generation»; y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
Brinquis reconoce que este último, y novedoso, instrumento es el que más revuelo ha generado, por su «complicada gobernanza», debido a lo ambicioso de su objetivo: traccionar toda una cadena de valor, de manera transversal y vertical. Lo normal aquí es que las grandes compañías actúen de locomotora, pero todas las empresas de ese ecosistema, de todos los tamaños, habrán de ocupar necesariamente los vagones.
Baena cree que los PERTE son una magnífica oportunidad para las pymes. Sabe de lo que habla, porque su Unidad ha asesorado un proyecto de 3.500 millones de euros con el que la industria cárnica en su conjunto, desde el campo hasta el súper, pretende atraer fondos europeos. Implica a empresas de todas las comunidades autónomas, 21 tractoras, entre ellas Campofrío, El Pozo, Vall Companys o Incarlopsa; 386 firmas cárnicas, todas pymes; más de 3.200 productores de ganadería-cárnica, también pymes, de los que 1.463 son empresas y 1.742, ganaderos individuales. Telefonica, Hispasat, Acciona y Fertinagro ejercen de socios tecnológicos.
Probablemente salga. El de la industria agroalimentaria es uno de los seis grandes planes estratégicos para la economía identificados por el Gobierno, junto con el del hidrógeno verde, la aeronáutica, la salud, la inteligencia artificial. Y el coche eléctrico, que será el primero en ser llevado a Consejo de Ministros para su aprobación, en junio según anuncio de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
«Habrá más PERTE en 2022 y en 2023», vaticina Brinquis. Lo que todavía no está claro es cómo llegará el dinero a los proyectos, y a las pymes participantes, si directamente o a través de las empresas tractoras. Ni, ya puestos, qué mecanismos o convocatorias concretas se van a arbitrar para canalizar el caudal dedicado en exclusiva a las organizaciones pequeñas y medianas. Ni qué requisitos se les va a pedir a las comunidades autónomas, que habrán de ejecutar una parte de los Next Generation y han presentado proyectos regionales para captar fondos.
El 45% de las empresas consultadas en diciembre de 2020 por KPMG y CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) desconocía si disponía de proyectos elegibles; el porcentaje se elevaba al 50% entre las pymes. «La relativa falta de información sobre el proceso de presentación de proyectos (35%) y la incertidumbre respecto a los organismos que gestionarán los fondos (30%) son, a su juicio, los dos principales obstáculos para la implementación del Plan de Recuperación Europeo», informaba la consultora en nota de prensa. El sondeo reveló, también, «un cierto desconocimiento sobre el funcionamiento de los fondos».
Baena cree que la sensación de desconocimiento persiste, pero que ahora hay más información. «El Gobierno sigue con el mismo discurso de que cuenta con las pymes; la cuestión es cómo lo va a hacer. No va a ser fácil llegar a ellas», tercia Romera. Destaca, no obstante, el papel mediador de una serie de organismos próximos a ellas, como parques científicos, incubadoras, centros tecnológicos, clústers, AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), que pueden actuar como puentes.
Entusiasmo al ralentí
Las cábalas sobre PERTEs, convocatorias o proyectos regionales se quedan en el cuento de la lechera mientras las ayudas procedentes de Europa no lleguen. «Dijimos, para diciembre, para enero, para febrero…, ahora probablemente sea para final de verano. Este retraso, que entiendo que es normal, inherente a un proceso de tanta envergadura, ha dejado el entusiasmo inicial un poco al ralentí», describe.
Para que la UE abra el grifo de los Next Generation, los estados miembros han de presentar ante la Comisión Europea sus programas nacionales de reformas y sus programas de estabilidad. España presentó los suyos el 30 de abril, dentro de plazo, al igual que Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Portugal. A partir de su recepción, Bruselas tiene dos meses para revisar la documentación.
«Todos corrimos al ‘sprint’ en diciembre y enero, con el ‘boom’ de las manifestaciones de interés, que parecía que no eras nadie si no estabas en alguna de ellas». Brinquis se refiere a las convocatorias que lanzaron sobre todo los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital para pulsar el interés de las empresas en temas como ‘hubs’ de innovación, hidrógeno, movilidad eléctrica, energías renovables, economía circular, 5G, Inteligencia Artificial, ciberseguridad o digitalización. El objetivo era recabar información y propuestas para ayudar a definir y concretar las líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Solo las energéticas presentaron 400 proyectos a aquellas manifestaciones de interés, que podrían movilizar por encima de los 60.000 millones de euros de inversión pública y privada. Las grandes copaban los titulares, pero la convocatoria de Industria, por ejemplo, era clara respecto a las pequeñas: «El proyecto debe ser tractor y cooperativo. Se exigirá que se detalle una empresa líder vertebradora del proyecto conjunto, así como un número mínimo adicional de cinco entidades participantes. Adicionalmente del conjunto de empresas o entidades interesadas en realizar el proyecto, al menos el 40% deberán responder a la categoría de pyme».
«Hemos de pensar que esto no es un ‘sprint’ sino una maratón», defiende Brinquis. «Tenemos tres años para la pre-asignación de las transferencias directas, pero la ejecución de los proyectos está prevista a seis años», informa. «A las empresas les toca trabajar mucho sus iniciativas, y anticiparse a las convocatorias que van a llegar». Les aconseja hacerse las preguntas correctas: «¿Cuál es mi plan? ¿Cómo de transformador es? ¿Se alinea con España Puede?». Y ser proactivas: «En el plan de recuperación se contemplan convocatorias de concurrencia simple –las primeras en llegar bloquean los fondos– y otras competitivas, en las que gana la mejor». Asegura que, al final, la que acude antes con los deberes hechos posiblemente también sea la que tenga la «propuesta más sólida y mejor preparada».
