- Los Estados miembros de la Unión Europea más afectados por la crisis del coronavirus dispondrán de 750.000 millones de euros en conjunto a través de la Comisión Europea, destinados a la reconstrucción y recuperación de la economía.
- España es el segundo país más beneficiado y le corresponderían 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo. Planea movilizar 50% de esta cantidad entre 2021 y 2023.
- La propuesta del Gobierno español se orienta hacia una colaboración público-privada, con un enfoque en proyectos relacionados con la sostenibilidad y la digitalización.
A finales del mes de julio, los veintisiete países que conforman la Unión Europea (UE) lograron, después de meses de negociaciones, acordar un plan que les permitiría disponer de casi dos billones de euros en los próximos años. Estos fondos servirían para el funcionamiento de las instituciones e invertir en la recuperación del impacto económico provocado por la crisis del coronavirus.
El plan implica solicitar préstamos por valor de 750.000 millones a través de la Comisión Europea, destinados a la reconstrucción de las economías más afectadas por la crisis, en especial las de Italia y España. La mayor parte de esa cantidad, 390.000 millones de euros, serán subvenciones a fondo perdido. El resto, 360.000 millones, serán distribuidos como créditos a muy bajo interés. También fueron aprobados los presupuestos de la UE de los próximos siete años, el Marco Financiero Plurianual, los cuales ascienden a 1,074 billones de euros.
Para tener acceso a los fondos europeos de recuperación, los países deberán primero presentar planes de reformas e inversiones ante la Comisión Europea (CE). El ente se encargará de evaluar si el plan cumple con las recomendaciones económicas anuales, la guía que tienen que seguir. También, si uno o varios países de la Unión consideran que las recomendaciones están siendo incumplidas, el asunto sería elevado a una cumbre de líderes comunitarios, resultando en la paralización de la aprobación del pago.
Con respecto a las áreas a las que serán destinados los fondos, una de las claves será combatir la pandemia del coronavirus, pero también el Pacto Verde Europeo, la digitalización y el empleo juvenil, este último como resultado de una brecha generacional significativa que ha quedado expuesta con la crisis de la COVID-19. El reparto del fondo de recuperación económica será dividido en dos franjas: el 70% será comprometido entre 2021 y 2022, y el restante 30% hasta finales del año 2023.
El reparto de los fondos de recuperación económica en España
A España le correspondería recibir unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, lo cual representa el 11% de su PIB. La cantidad se dividiría en 72.700 millones otorgados en ayudas directas, otros 59.000 millones a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 12.400 millones por el programa “ReactEU”. El país sería la segunda economía más beneficiada del acuerdo, detrás de Italia.
Debido a esto, a principios de octubre el Gobierno presentó su Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia que serviría de guía para la ejecución de los fondos. Las prioridades estarían en sintonía con las de los fondos europeos de recuperación: un 37% del total del Plan sería invertido en sostenibilidad y aproximadamente un 33% en digitalización. Además, el plan detalla que movilizaría el 50% de los recursos asignados a España en el transcurso de los años 2021 y 2023. Entre los anuncios también resalta la constitución de una Comisión Interministerial cuyo objetivo sería garantizar la correcta ejecución de los fondos, y estaría presidida por el presidente del Gobierno.
Por su parte, las relaciones de las comunidades autónomas y la colaboración público-privada estarán centralizadas en una Unidad de Seguimiento. Esta unidad tendría como encargado al director del departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Su función principal será controlar todas las actuaciones, preparar los informes a enviar periódicamente a Bruselas sobre el cumplimiento de objetivos, y apoyar a la comisión interministerial en ese ámbito.
Durante los tres años previstos en el plan, también se prevé crear alrededor de 800.000 puestos de trabajo. La propuesta planea potenciar la colaboración público-privada, y se ha anunciado el desarrollo de diferentes fondos de alto nivel relacionados con ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte. Los distintos ministerios serían los responsables de la distribución de los fondos europeos para los proyectos.
El uso de los fondos europeos de recuperación económica en España
La CE ha solicitado a los países miembros que su enfoque para destinar el fondo de recuperación sea de siete áreas en concreto. El ente busca impulsar las energías renovables, la eficiencia energética de los edificios, el transporte limpio, la implementación de banda ancha de internet, ampliación de la nube, modernización de las administraciones públicas y la actualización de los sistemas educativos nacionales.
En base a ello, el plan de recuperación español estaría orientado a diez pilares, entre los cuales está la protección de la biodiversidad y el impulso de infraestructuras resilientes, lo cual recibiría 12% de los fondos europeos. Por su parte, la transición energética contaría con 9% de los mismos. También se incluye la transición digital, igualdad de género, educación y un plan de choque contra la despoblación.
Los planes de recuperación también abarcan la colaboración con otros países miembros y España ya ha pactado con Portugal la identificación de proyectos en conjunto que puedan ser financiados con los fondos europeos. Entre las áreas de colaboración estarán el desarrollo del hidrógeno como fuente de energía limpia, la cadena de valor de las baterías, y el desarrollo de la red 5G y satélites. Además, ambos países han acordado desarrollar infraestructuras comunes, tanto ferroviarias como carreteras.
En línea con lo anterior, expertos esperan que la inyección de fondos europeos de recuperación económica produzca un repunte de la licitación de obra pública. Los proyectos que derivarían del plan español deben tener un enfoque en sostenibilidad y avance tecnológico, lo cual podría dejar en evidencia la necesidad de introducir en el mercado mayor cantidad de viviendas asequibles y más sostenibles. Los fondos europeos también servirían para impulsar la movilidad eléctrica y la implantación de renovables.
