- Durante el estado de alarma, las licitaciones púbicas en España fueron suspendidas. La única excepción fue el caso de obras esenciales.
- La licitación de obras públicas tuvo una caída a nivel nacional del 32.3%. Las comunidades, ayuntamientos y empresas pusieron de manifiesto la necesidad de mantener el sector activo y levantar la suspensión.
- Las obras públicas pueden ser un motor para la recuperación económica, pero aún se desconoce con exactitud los recursos que estarán disponibles para el sector.
El pasado 5 de Mayo, el Gobierno español decidió retomar la contratación pública. Desde la aprobación del Real Decreto 463/2020 con fecha 14 de marzo, en el que se declaraba el estado de alarma, se habían suspendido los plazos de tramitación de todos los procedimientos de las entidades del sector público, incluyendo las licitaciones o concursos públicos.
Posteriormente, en el Real Decreto-ley 8-2020 del 17 de marzo, fueron introducidas medidas en materia de contratación pública en las que suspendieron los contratos pendientes de ejecución. Esta suspensión exceptuaba casos específicos, tales como contratos de servicios sanitarios; servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informativos; los que garanticen la seguridad de las infraestructuras; y los adjudicados por entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no dependan de los Presupuestos.
Con el levantamiento de dicha suspensión, todas las administraciones públicas podrán licitar contratos sin necesidad de justificar que será destinado a usos esenciales. Esto se aplica tanto a la contratación nueva como aquella que ya estaba en marcha. Según ABC, la previsión 2020 de licitaciones públicas expone un pico de concursos públicos, y se ha establecido como objetivo que las obras estratégicas y próximas a culminar no sean paralizadas.
Consecuencias del coronavirus para el sector público en España
Antes de la crisis sanitaria y paralización de actividades, las licitaciones de obras públicas tenían una tendencia ascendente, con tres ejercicios consecutivos en aumento al cierre del 2019. Esto se revirtió en el primer trimestre de 2020, periodo en el cual las administraciones públicas emitieron contratos de obras por un importe de 3436 millones de euros, 1640 millones menos que durante primer trimestre de 2019.
Las consecuencias del coronavirus para la economía y el sector público en España han sido fuertes en las distintitas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía, durante el primer trimestre del año, la licitación de obra pública ha descendido un 39.2% con respecto al año pasado. Esta caída ha afectado a todas las administraciones y se asemeja a la cifra registrada a nivel nacional de 32.3%, según EFE. Durante el primer trimestre de 2019, se licitaron 539.637 millones de euros, volumen que contrasta con los 327.950 millones de euros licitados en el mismo periodo de este año.
En Cataluña, la licitación de obra pública ha caído un 40% durante el primer trimestre del año, según El País. La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña calcula que el volumen de obra para licitación entre enero y marzo fue 272 millones de euros, una gran diferencia con respecto con el promedio acumulado en los últimos diez años de 385 millones en los mismos meses. Además, existe una ausencia notoria de concursos de grandes infraestructuras.
Reactivación de la licitación pública: Petición por parte de las empresas al Gobierno
Ante este impacto, varias empresas ya habían solicitado la reactivación de la licitación pública. La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológico, Tecniberia, había pedido al Gobierno que articulara las medidas necesarias para autorizar toda la actividad susceptible a realizarse, ya sea de manera telemática o presencial siempre que existieran garantías de seguridad.
De igual manera, en la solicitud resaltó que no deberían interrumpirse los pagos de servicios realizados, y que las grandes empresas públicas no trasladen el problema económico hacia los proveedores, puesto que la construcción será uno de los pilares para la recuperación económica del país.
Previsión de la licitación en España 2020: Financiar la necesidad de obras públicas
La falta de liquidez, producto de la ralentización y suspensión de actividades, es uno de los temas más importantes a resolver para las constructoras, y para lo cual requieren medidas urgentes, según El Economista. Una colaboración público-privada podría ser una opción para garantizar que las necesidades de movilidad y transporte sean cubiertas. En cualquier caso, para que empresas y fondos de inversión se fijen en las infraestructuras de España, deben existir condiciones de rentabilidad adecuadas y seguridad jurídica.
Según R. S. González en la La Razón, el papel de las infraestructuras será determinante para la recuperación económica. Esto debido a que, por cada millón de euros invertidos en el sector se generan 14 puestos de trabajo y un retorno fiscal de alrededor de 49%. También sería necesario invertir 18.300 millones de euros cada año durante una década para el mantenimiento, conservación y rehabilitación con el fin de evitar así la degradación de las obras públicas.
Sin embargo, debido al considerable impacto que tendrá la pandemia a nivel sanitario, económico y social, y la falta de unos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, es difícil saber con exactitud los recursos disponibles para infraestructuras públicas. Las dotaciones recogidas por las cuentas públicas en la última década han sido insuficientes para cubrir las necesidades del país, teniendo en consideración los recortes presupuestarios demandados por la Comisión Europea.
Rescate a España: El Fondo Europeo de Rescate ofrece préstamos para paliar la crisis sanitaria
A principios de mayo, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona lograron llegar a un acuerdo a sobre las condiciones que tendrían que cumplirse para poner en marcha el Fondo Europeo de Rescate (MEDE), el cual movilizaría hasta 240.000 millones de euros en préstamos. Cada estado miembro podrá solicitar el equivalente al 2% de su PIB, en el caso de España se traduciría a unos 24.000 millones de euros.
Una diferencia importante del acuerdo respecto a este tipo de préstamos es que en esta oportunidad no será requerida vigilancia por parte de funcionarios desde Bruselas, ni habrá exigencias sobre reformas estructurales. Además, la línea de crédito estará abierta hasta el 13 de diciembre de 2022, y cualquier miembro podrá acceder a estos préstamos si así lo requiere.
El único requisito para estas líneas de crédito es que los fondos sean utilizados exclusivamente para financiar gastos directos o indirectos de origen sanitario. Si bien esta condición fue acordada según peticiones del Ejecutivo, hasta ahora ha declarado que no se plantea acceder a este instrumento, y sostiene que España está encontrando buenas condiciones en los mercados de deudas mundiales.
De cualquier forma, el mecanismo se suma al paquete de medidas aprobadas por la Unión Europea durante el mes de abril para dar liquidez a los países ante la crisis sanitaria. Además de los 240.000 millones disponibles del MEDE, también se cuenta con otros 200.000 millones provenientes de créditos y un programa del Banco Europeo de Inversiones dirigido a empresas.
