Publicado el 21 de febrero de 2020

Economía Verde: Riesgo crediticio y transición energética

Según reseña el Banco de España (BDE), existen coincidencias en el desarrollo y puesta en práctica de un conjunto de iniciativas que, agrupadas bajo el formato de una ley, recoja las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes. Estas iniciativas se han plasmado en el Anteproyecto de Ley (APL) de Cambio […]
  • La transición hacia una economía verde tiene riesgos directamente asociados a ella a medida que los agentes económicos se adaptan: uno de ellos es el riesgo crediticio.
  • Según un estudio del BDE, hay un nivel de exposición crediticia de un 25% a préstamos asociados a ramas de la economía afectadas por la transición energética.
  • La información sobre los riesgos de la economía verde existente es insuficiente, y en esto coinciden reguladores y regulados. A medida que las legislaciones avancen, será imprescindible alinear definiciones y su implementación.

Según reseña el Banco de España (BDE), existen coincidencias en el desarrollo y puesta en práctica de un conjunto de iniciativas que, agrupadas bajo el formato de una ley, recoja las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes. Estas iniciativas se han plasmado en el Anteproyecto de Ley (APL) de Cambio Climático y Transición Energética. Las acciones propuestas alcanzan a todos los sectores económicos y a la mayor parte de los organismos reguladores y supervisores, incluido el BDE.

Economía verde: Riesgo físicos y de transición

El punto de partida del BDE ha sido el análisis de los riesgos financieros que se derivan del cambio climático y de la contaminación del aire, de las políticas para combatirlo, las innovaciones tecnológicas y los cambios en los patrones de demanda. Estos riesgos pueden clasificarse en dos categorías: riesgos físicos y riesgos de transición.

Los riesgos físicos son aquellos que pueden materializarse a medida que se va elevando la temperatura global, es decir, cuando el cambio climático ya ha comenzado a producirse, los riesgos de transición son aquellos que pueden derivarse del proceso de adaptación hacia una economía con menores emisiones.

El Banco de Inglaterra cita el ejemplo de las compañías de energía. Si las políticas de los gobiernos cambian alineadas con el acuerdo de París, dos tercios de los combustibles fósiles conocidos podrían no quemarse nunca. Esto generaría cambios en el valor de las inversiones de los bancos en sectores como petróleo, gas y carbón.   

El BDE puntualiza que para las entidades financieras existe un riesgo de crédito asociado a los préstamos concedidos y a la renta fija de las empresas más afectadas por estos cambios y también por el valor de algunos colaterales si no cumplen con los nuevos estándares de emisiones. También existe un riesgo de mercado asociado a las rentabilidades exigidas a aquellas actividades económicas más contaminantes, y un riesgo reputacional.

Sectores más afectados: Nivel de exposición crediticia por la transición energética

Según el BDE, el logro de los objetivos sobre cambio climático y emisiones implicará necesariamente cambios normativos y estructurales en la economía y no cabe aducir sorpresa o falta de advertencia respecto a esta transición.

Relativizando las emisiones directas de cada rama por el valor añadido generado, las actividades más contaminantes vuelven a ser las relacionadas con el transporte y la producción de energía, tanto eléctrica como de derivados del petróleo. Pero también emiten más CO2 que la media de la economía la fabricación de otros productos minerales no metálicos, la pesca, o la fabricación de papel. Solo ligeramente por debajo de la media se encuentra la industria textil y la de alimentación.

Dada la información disponible, en lo que se refiere al análisis realizado sobre las exposiciones de las entidades de depósito españolas a las ramas potencialmente afectadas por la transición energética, se ha mostrado que la financiación concedida se encuentra en alrededor del 25% de la total otorgada al conjunto de empresas no financieras y empresarios individuales. También se ha mostrado que estas ramas presentan un ratio de morosidad menor que el resto de las ramas, al menos tras la crisis financiera global.

Transición energética :Próximos pasos

El BDE sugiere que un primer paso consiste en integrar las consideraciones medioambientales dentro de la operativa y regulación del sistema financiero. Dicha integración requiere una toma de conciencia por parte de entidades, reguladores y supervisores para adoptar y promover mejores prácticas en la gestión del riesgo en conjunción con la atención activa, efectiva y eficiente de cuestiones ambientales.

Para ello afirman que es absolutamente necesario disponer de los datos apropiados para conocer la situación real de los agentes económicos y el potencial impacto de sus decisiones económicas y financieras sobre el medioambiente. Por parte de los reguladores, el factor de riesgo medioambiental debe integrarse en la regulación dentro de un enfoque global de riesgo sistémico y de sus efectos en el sistema financiero.

En principio, se han planteado dos alternativas: por un lado, reducir los requerimientos de capital a las actividades menos contaminantes (green supporting factor) y, por otro, aumentarlos a los más contaminantes (brown penalizing factor).

Según el BDE, el brown penalizing factor elevaría los requerimientos de capital agregados y esto redundaría en unos bancos más solventes, por lo que parece la mejor alternativa desde un punto de vista prudencial. Además, desde el punto de vista operativo, es más sencillo identificar las empresas contaminantes que las no contaminantes.

Los bancos se pronuncian sobre la transición energética

Según el BDE, la inclusión de la dimensión energética y medioambiental dentro de la evaluación de riesgos y la viabilidad de proyectos es una tarea que necesita una mayor profundización. 

Por su parte, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en el marco de la COP25 de Madrid, ha reclamado a las instituciones públicas la concreción de una «taxonomía» que determine la financiación sostenible para lograr una transición real a la economía ‘verde’.  Botín ha asegurado que hay liquidez y capital disponible en los mercados, pero ha hecho referencia a la existencia de algunos riesgos como la falta de líneas claras o de regulación, con sucesivos cambios en los incentivos que proponen los gobiernos. 

En la misma línea, Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa en funciones ha apuntado a la taxonomía como pilar fundamental para lograr la transición verde, y esclarecer qué es verde y qué no lo es, evitando dudas y otorgando seguridad a las inversiones.


El presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, en unas jornadas sobre la banca celebradas en el IESE: «Se trata, en definitiva, de no añadir incertidumbre artificial a la incertidumbre estructural del cambio climático», ha señalado. Roldán, ex alto cargo del Banco de España manifiesta que «existe el riesgo de que las estrategias iniciales de lucha contra el cambio climático aumenten las dudas en la medida en que no estén suficientemente definidas”.

Algunos bancos toman algunos pasos iniciales. Por ejemplo, Sabadell prevé incorporar en 2020 un rating de sostenibilidad a sus clientes para medir su viabilidad medioambiental, según ha explicado su consejero delegado, Jaime Guardiola. La entidad cuenta ya con un comité transversal que aporta la visión medioambiental a su negocio. En esta nueva fase, el banco quiere conocer el perfil de sus clientes y sobre todo de las operaciones que hacen: «Podemos tener un cliente muy marrón, pero financiar operaciones verdes para que se desmarronice», afirma el ejecutivo.

El rating verde servirá solo a modo de información propia y no influirá en el rating del banco, ya que esto exigiría cambios en otras métricas como el capital. No obstante, Guardiola ha destacado que el movimiento permitirá a la entidad posicionarse para cuando los supervisores bancarios incluyan estas mediciones en sus pruebas de estrés al sector.

Consideraciones finales

La transición energética, a pesar de su inexcusable necesidad, tendrá sus costes e implicará cambios en la estructura económica y regulatoria. El sector financiero, al ser el catalizador de la política monetaria y motor del crédito no está exento de incertidumbre. A medida que legislaciones y su implementación se aprueben, es preciso crear y mantener canales de contacto para reducir la incertidumbre regulatoria que afectaría la asignación y riesgos crediticios y así evolucionar hacia una economía verde de la forma menos traumática posible.

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